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¿Cumples con la Ley Antifraude? – Actualización 2026 en España

La Ley Antifraude (Ley 11/2021) supone un cambio relevante en la forma en que las empresas gestionan su facturación y sus sistemas contables. De cara a 2026, muchas organizaciones deben asegurarse de que cumplen con los nuevos requisitos legales para evitar sanciones y problemas con la Agencia Tributaria.

El objetivo principal de esta normativa es combatir el fraude fiscal, garantizando que los registros de facturación sean íntegros, trazables e inalterables. En la práctica, esto implica que las empresas no pueden utilizar programas que permitan modificar o eliminar facturas una vez emitidas.

¿Qué exige la Ley Antifraude a las empresas?

Las empresas obligadas a emitir facturas deben utilizar un software de facturación que cumpla con requisitos técnicos muy concretos. Entre ellos, asegurar la inalterabilidad de los datos, registrar cada operación de forma cronológica y conservar la información de manera segura. Además, el sistema debe estar preparado para integrarse con los mecanismos de control de la Agencia Tributaria, como VeriFactu, cuando sea obligatorio.

También se exige que las facturas incluyan determinados elementos que faciliten su verificación y control, reforzando así la transparencia de las operaciones.

Fechas clave a tener en cuenta en 2026

El año pasado ya habíamos hablado de Facturación Automatizada y cómo evitar sanciones. Pero, ¿qué tener en cuenta en 2026?

La adaptación a la Ley Antifraude no se produce de forma simultánea para todos los contribuyentes. A partir del 1 de enero de 2026, las sociedades sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán cumplir con los nuevos requisitos. Para autónomos y pymes, el plazo se amplía hasta el 1 de julio de 2026.

Aunque la obligatoriedad plena de VeriFactu se ha aplazado, esto no exime a las empresas de preparar sus sistemas con antelación.

Riesgos de no cumplir con la Ley Antifraude

  1. Sanciones económicas elevadas
    El incumplimiento puede derivar en multas significativas. Dependiendo de la infracción, las sanciones pueden llegar a decenas de miles de euros por cada irregularidad detectada.
  2. Bloqueo o paralización de operaciones fiscales
    Las autoridades pueden limitar o suspender temporalmente la operativa de facturación hasta que la empresa se adapte a la normativa, lo que genera retrasos y costes adicionales.
  3. Problemas legales y responsabilidades administrativas
    La empresa puede enfrentarse a procedimientos administrativos y legales si se detectan manipulaciones de facturas o incumplimiento de los requisitos de trazabilidad.
  4. Pérdida de confianza de clientes y proveedores
    Incumplir la normativa afecta la reputación de la empresa, generando desconfianza en socios, clientes y proveedores, especialmente en sectores donde la transparencia fiscal es clave.
  5. Riesgos internos de control y auditoría
    Sin cumplir la Ley Antifraude, los registros contables y de facturación pueden ser incompletos o modificables, dificultando auditorías internas y externas y aumentando la probabilidad de errores.
  6. Costes adicionales de adaptación urgente
    Postergar la implementación de sistemas compatibles puede obligar a cambios rápidos y costosos cuando se acerquen los plazos legales, generando interrupciones operativas.
  7. Impacto en la planificación financiera
    La falta de trazabilidad y control puede derivar en errores en declaraciones fiscales, afectando la planificación y previsión financiera de la empresa.

Sanciones por incumplimiento

El uso de software de facturación no adaptado a la Ley Antifraude o la manipulación de registros contables puede acarrear consecuencias legales y económicas muy graves. Las sanciones no solo afectan a la empresa que emite las facturas, sino también a los proveedores de los sistemas que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa. Estas multas pueden alcanzar importes muy elevados, dependiendo de la gravedad y la reincidencia de la infracción, e incluso superar decenas de miles de euros por cada irregularidad detectada.

Además del impacto económico directo, el incumplimiento puede generar otros problemas asociados, como inspecciones fiscales más frecuentes, bloqueos temporales de operaciones contables o la necesidad de rehacer procesos internos para ajustarse a la ley, lo que supone costes adicionales en tiempo y recursos. Por todo ello, garantizar que el software de facturación es homologado y seguro, así como mantener registros íntegros y trazables, se convierte en una prioridad estratégica para cualquier empresa que quiera operar con tranquilidad y proteger tanto su reputación como su estabilidad financiera en un entorno fiscal cada vez más exigente.

Cómo prepararse y minimizar riesgos

Para cumplir con la Ley Antifraude, las empresas deben adoptar un enfoque integral que abarque tanto la tecnología como los procesos internos y la formación del personal. En primer lugar, es fundamental revisar y auditar los procesos de facturación y contabilidad actuales, identificando posibles vulnerabilidades o áreas donde los registros puedan no ser totalmente trazables o seguros. Esto permite detectar a tiempo cualquier ajuste necesario antes de que la normativa sea obligatoria.

En segundo lugar, es imprescindible asegurarse de que el software de facturación utilizado cumple con todos los requisitos de la Ley Antifraude, incluyendo la inalterabilidad de los registros, la trazabilidad de cada operación y la capacidad de integrarse con los sistemas de control de la Agencia Tributaria. Elegir una solución homologada y actualizada es clave para evitar sanciones y simplificar los procesos internos.

Por último, pero no menos importante, las empresas deben formar a sus equipos en los nuevos procedimientos y herramientas. La capacitación del personal asegura que cada empleado comprenda la importancia de registrar correctamente las operaciones y mantener la documentación conforme a la normativa. Esto reduce el riesgo de errores humanos y fortalece la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Adoptar estas medidas no solo minimiza riesgos legales y sanciones, sino que también permite mejorar el control interno, optimizar la gestión financiera y aumentar la transparencia en todas las operaciones del negocio. Prepararse con antelación ofrece una ventaja estratégica: la empresa puede adaptarse a los cambios sin interrupciones, aprovechar la digitalización para modernizar procesos y consolidar la confianza de clientes, proveedores y socios en un marco fiscal más exigente.

Conclusión

La entrada en vigor de los nuevos requisitos de la Ley Antifraude marca un antes y un después en la gestión de la facturación empresarial en España. No se trata únicamente de cumplir con una obligación normativa, sino de adaptarse a un entorno fiscal más controlado, digitalizado y transparente. Las empresas que no revisen a tiempo sus sistemas y procesos se exponen a sanciones económicas relevantes y a posibles incidencias con la Agencia Tributaria que pueden afectar a su operativa diaria.

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Por el contrario, aquellas organizaciones que se anticipen a los cambios y adapten su software de facturación con suficiente margen podrán afrontar 2026 con mayor tranquilidad. La adecuación a la Ley Antifraude permite mejorar el control interno, reducir errores, reforzar la trazabilidad de las operaciones y ofrecer una mayor seguridad jurídica tanto a la empresa como a sus clientes y proveedores.

Además, este proceso de adaptación puede convertirse en una oportunidad para optimizar procesos administrativos, modernizar herramientas tecnológicas y profesionalizar la gestión financiera del negocio. En un contexto donde la digitalización es clave para la competitividad, cumplir con la normativa no solo evita riesgos, sino que contribuye a construir una empresa más eficiente, transparente y preparada para el futuro.

Anticiparse, informarse y apoyarse en soluciones adecuadas será clave para cumplir con la Ley Antifraude sin sobresaltos y garantizar la continuidad del negocio en un marco legal cada vez más exigente.

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