La incertidumbre se ha apoderado de cientos de empresas ante la posibilidad de quedarse sin cobrar las subvenciones y los fondos europeos ‘Next Generation’. En el Congreso, se introdujo una disposición en la ley de la autoridad de defensa del cliente financiero para permitir que las empresas intensivas en consumo de gas accedieran a estos recursos. (incluso si no estaban al día en el pago a proveedores según lo establecido por la ley crea y crece). Sin embargo, esta medida quedó en suspenso debido a la disolución de Las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones generales. Las empresas tienen miedo a quedarse sin subvenciones y fondos europeos, además de las consecuencias que acarrea.
La importancia de la medida para las empresas
Según fuentes del ministerio de Economía, si el PSOE gana las elecciones generales, esta medida se convertirá en una de las principales prioridades. Reconocen la relevancia que tiene para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos. Incluso se contempla la posibilidad de incluir esta flexibilidad al cumplimiento de los plazos de pago a proveedores a través de un decreto omnibús. Se destaca que, sin esta exención, las empresas deben cumplir con los requisitos de la legislación vigente, que exige certificar que están al día en los pagos a los proveedores para poder acceder a las subvenciones y fondos europeos.
La ley crea y crece y su impacto en las empresas
La ley crea y crece, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de septiembre del año pasado, establece que las empresas con más de 250 empleados que soliciten subvenciones superiores a 30.000 euros deben demostrar el cumplimiento de los plazos legales de pago a sus proveedores mediante una certificación emitida por un auditor registrado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
La enmienda propuesta y su justificación
La enmienda propuesta por el ministerio de Economía, en colaboración con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), establece que, aunque las empresas no cumplieran con los plazos legales de pago a proveedores al momento de solicitar la ayuda, debían demostrarlo “seis meses después de recibir el pago efectivo de la subvención“. Además, se especificaba que el incumplimiento de este plazo constituiría una causa de reintegro total de la subvención. Esta medida se justificaba por los costos adicionales que las industrias con un alto consumo de gas habían experimentado debido al aumento excepcional de los precios de este combustible durante el año pasado.
Postura de la la Plataforma Multisectorial contra la morosidad
Antoni Cañete, presidente de la PMcM y de Pimec, señala que, a pesar del deseo de imponer la obligación de estar al día en los pagos a proveedores, aceptaron introducir una “flexibilidad de seis meses sin dar ni un paso atrás”. Sin embargo, también exigen la aprobación de un régimen sancionador para las empresas incumplidoras de una vez por todas. Cañete destaca que la falta de una regulación adecuada para combatir la morosidad es vergonzosa y preocupante. Y que afecta principalmente a las pymes y los autónomos. Además, señala que el régimen sancionador ha sufrido numerosas prórrogas en el Congreso y, tras la convocatoria de las elecciones generales, nuevamente se ha quedado sin aprobar. Es como si quitaran la portería justo cuando se está a punto de marcar un gol.
El miedo a quedarse sin subvenciones y fondos europeos ha generado una gran inquietud en las empresas, especialmente en las pymes y los autónomos. La falta de una regulación clara y un régimen sancionador efectivo para combatir la morosidad dificulta el acceso a estas ayudas económicas. La flexibilidad propuesta en la ley de la autoridad de defensa del cliente financiero, que permitiría a las empresas intensivas en consumo de gas acceder a los recursos aunque no estén al día en el pago a proveedores, se ha visto frustrada por la disolución de Las Cortes. Ahora, las empresas esperan que esta medida sea retomada y que se establezcan normas claras. Además de garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores sin obstaculizar su acceso a las subvenciones y fondos europeos.
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